Renovados pedidos de baja de edad de imputabilidad en Argentina olvidan obligaciones internacionales

La semana pasada, Germán Garavano, Ministro de Justicia de Argentina, se mostró en diversos medios de comunicación e hizo referencia a supuestas propuestas gubernamentales de promover un proyecto de ley destinado a bajar la edad de imputabilidad penal. Es curioso que el Ministro haya salido a dar declaraciones justo cuando desde algunos foros han surgido, nuevamente, pedidos de esa naturaleza como respuesta al asesinato de un niño de 14 años a manos de otro niño de 15 durante un hecho delictivo.

Llamadas similares para lograr la baja de edad de responsabilidad penal se hicieron en Brasil en 2015. Desde agosto de ese año continúa bajo discusión parlamentaria un proyecto en ese sentido, pero no ha logrado consenso y ha sido severamente criticado por organizaciones locales e internacionales.

En Uruguay, durante las últimas elecciones presidenciales de 2014, se llevó a cabo, al mismo tiempo, un plebiscito en el que los votantes eran consultados respecto a su postura afirmativa o negativa sobre una rebaja de la edad de responsabilidad. El No ganó por mayoría.

Otra cuestión que vale resaltar, es que el ministro de justicia argentino, no hizo referencia a cifras reales que reflejaran la incidencia del delito juvenil al expresarse sobre el tema. Sin embargo, diversos especialistas, así como organizaciones señalaron que el delito juvenil sólo representa el “5 % de los delitos graves” cometidos en el territorio. Esas voces también han señalado que las propuestas de reforma del gobierno son resultado de una “demagogia punitiva” en un año electoral. Por su parte, la oposición llamó a que se celebren sesiones extraordinarias en el Congreso.

Especialistas, y no foristas, piden desde hace años y en forma sostenida, por una renovación  del sistema y creación de fueros especializados en justicia juvenil. La ley vigente en Argentina, la 22.278, es en realidad un decreto-ley. Ésta data de la última dictadura militar, y sin duda no refleja ninguna de las provisiones de la  Convención por los Derechos del Niño, creada en 1989 e incorporada a la legislación nacional en 1990, y que goza de jerarquía constitucional desde la reforma de 1994. Asimismo, cabe recordar que Argentina ha sido condenada por la Corte Intermaricana de Derechos Humanos en el caso Mendoza, por no adherir a los principios internacionales y del debido proceso en su tratamiento de jóvenes en  conflicto con la ley penal.

El gobierno argentino prometió tener su proyecto de ley preparado para después de las elecciones legislativas, que se celebrarán el 27 de octubre. Espera zanjar en 9 meses una discusión que se ha venido sosteniendo por años.

Foto: Jesica Sotelo

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